La palabra ‘reservado’ da manga ancha para solapar los abusos de policías y militares, así como los desfalcos por parte de funcionarios de los tres niveles de gobierno. Clasificar un expediente es apostar por su olvido.

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Con una mano en la cintura, los gobierno, federales o estatales, independientemente de sus ‘colores políticos’, esconden las pruebas de contratos de obra pública, operativos policiacos o compra de publicidad bajo el eufemismo de ‘información reservada’.

Ya no extraña a nadie ver el encabezado “El Gobierno de xxx clasifica por xx años la información de…”.

Por ejemplo, el gobierno de Veracruz lo hizo con el gasto en publicidad, pues “la atención a la sociedad quedaría en riesgo” (Proceso, 5 de enero de 2015).

En el caso de la obra pública es lo mismo. En abril de 2013, el Gobierno de la Ciudad de México reservó por siete años los contratos de adquisición de los trenes de la Línea 12 del Metro, parcialmente cerrada -Reserva Mancera datos de Línea 12 (Reforma, 5 de abril de 2015). Lo mismo ocurrió en Querétaro, donde en 2007 la administración reservó por 12 años la información relacionada con el Acueducto II, un proyecto que llevaría agua a la entidad durante 30 años (La Jornada, 23 de octubre de 2007).

La Ciudad de México también ‘clausuró’ hasta por siete años el informe de evaluación del Programa “Hospital Seguro” hecho al Hospital Materno Infantil de Cuajimalpaen, en el que el 29 de enero de este año hubo una explosión de gas que provocó cinco muertos y más de 70 lesionados. (Proceso, 20 de febrero de 2015)

Y qué decir de los casos que implican a elementos de las instituciones de seguridad pública o la milicia: La PGR, la Sedena y el Estado de México reservaron la información relacionada con la ejecución de 22 personas por parte de elementos del Ejército mexicano el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México (sinembargo.mx, 9 de diciembre de 2014). El Gobierno de Puebla hizo lo mismo con el operativo del 9 de julio de 2014 llevado a cabo en Chalchihuapan, donde falleció un niño, tras un enfrentamiento entre manifestantes y la policía del estado(Animal Político, 21 de agosto de 2014).

Tomada de df.gob.mx

Tomada de df.gob.mx

Las preguntas que surgen son obvias, pero no tanto como las respuestas.

¿Qué riesgo puede haber al dar a conocer los gastos de publicidad de un gobierno? Para la población ninguno, para los gobiernos y los medios muchos: que se sepa que el gasto fue estratosférico, que ciertos medios fueron favorecidos, callados o premiados con billetes, que empresas relacionadas con los funcionario se llevaron los contratos o que la difusión de los programas sociales tuvo fines electorales.

¿Qué riesgo puede haber al transparentar la obra pública? Para la población ninguno, para los gobiernos y las constructoras muchos: que sepa dónde estuvieron los sobregastos, cuántas empresas fueron contratadas sin contar con la experiencia requerida, que proveedores inflaron costos o dieron productos de mala calidad, quién diseñó mal la ingeniería.

¿Qué riesgos puede haber al abrir los expedientes que implican a las fuerzas armadas y las policías? Para la población ninguno, para militares y policías muchos: que se sepa que actúan con impunidad, que actúan por instinto, que responden a intereses particulares, que están inmiscuidos con el crimen organizado.

La opacidad de la palabra ‘reservado’ tiene cualquier cantidad de consecuencias para quienes están del lado del gobierno, pero infinidad de beneficios para la población, quienes tienen el derecho a saber cómo actúan las ‘autoridades’, quiénes son, y en qué se emplea todos y cada uno de los pesos que se recaban de impuestos.

Clasificar un expediente, sobre todo por tanto tiempo, resta poder a la ciudadanía y siembra la incertidumbre, además de que en México regularmente las investigaciones arrojan los mismos resultados al principio, o seis, siete o 20 años después. Bajo estas circunstancias no queda más que pensar que cerrar un expediente no tiene otra finalidad que solapar la impunidad.